El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), inició su participación formal en la 31ª Conferencia de las Partes (COP31) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tiene lugar del 9 al 20 de noviembre de 2026 en Antalya, Türkiye. La delegación mexicana, encabezada por los subsecretarios José Luis Samaniego Leyva (Semarnat) y Enrique Ochoa Martínez (SRE) en representación de los secretarios Alicia Bárcena Ibarra y Roberto Velasco Álvarez, centra sus prioridades en la justicia climática y social, la aceleración en la reducción de emisiones, el financiamiento internacional y la implementación de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0) bajo los lineamientos del Acuerdo de París.
En el plano multilateral, México y Polonia fueron designados cofacilitadores de las consultas ministeriales sobre transición justa, una encomienda que busca edificar consensos globales hacia modelos productivos sostenibles de bajas emisiones que salvaguarden los derechos laborales y el bienestar comunitario. Asimismo, tras más de 12 años de ausencia, el país vuelve a contar con un pabellón oficial propio dentro de la cumbre, espacio que servirá de foro para vincular a dependencias federales como la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) con sectores académicos, organizaciones civiles y organismos internacionales.
Entre las principales aportaciones técnicas de la comitiva destaca la presentación de ADAPTA MX 1.0, la primera versión de la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, elaborada tras siete talleres regionales con diversos sectores sociales. Este instrumento integra un diagnóstico integral de riesgos y 33 medidas prioritarias frente a sequías y lluvias torrenciales, apoyadas en el lanzamiento de la Plataforma Nacional de Riesgos Climáticos y Adaptación, una herramienta técnica diseñada para respaldar la toma de decisiones basada en evidencia científica y fortalecer las capacidades de respuesta territorial.
