La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito acusó que la sanción sienta un precedente represor tras señalamientos desde Palacio Nacional.
Este lunes, se dio a conocer que el Tribunal de Disciplina Judicial resolvió destituir e inhabilitar por un año a Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, quien ejercía funciones como juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Colima, poniendo fin a una trayectoria de 25 años de carrera judicial.
La resolución sancionatoria fue emitida en el marco del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 158/2025-OJ-V, luego de que el órgano disciplinario determinara que el juzgador incurrió en faltas al modificar condenas que habían sido previamente convenidas entre la Fiscalía General de la República (FGR) e imputados por delitos contra la salud y portación o posesión de armas de fuego. La medida disciplinaria se produce tras los reiterados señalamientos formulados por la presidenta Claudia Sheinbaum durante sus conferencias matutinas, donde acusó al juzgador de presuntamente haber facilitado la liberación de personas procesadas.
Ante este fallo, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) manifestó su total respaldo al juez sancionado y advirtió sobre la instauración de un «ánimo represor» destinado a infundir zozobra y debilitar la autonomía del Poder Judicial.
El gremio judicial subrayó que el proceso disciplinario estuvo contaminado por presiones externas: «Más aún cuando este procedimiento estuvo precedido por señalamientos y descalificaciones públicas emitidas desde las conferencias matutinas de la titular del Poder Ejecutivo Federal, lo que genera la sospecha de que el Tribunal de Disciplina Judicial esté actuando por consigna política, atendiendo a intereses de esa índole y no bajo parámetros de imparcialidad e independencia», arremetió la asociación a través de un pronunciamiento.
La JUFED calificó de inadmisible la remoción del cargo, argumentando que las determinaciones de Sigales correspondieron a un legítimo ejercicio de arbitrio judicial e interpretación jurídica en audiencias de procedimiento abreviado celebradas en 2022, en las cuales el juez priorizó el principio pro persona, el debido proceso y la tutela de los derechos fundamentales frente a la imposición oficiosa de la prisión preventiva.
Asimismo, la representación de los juzgadores enfatizó que el propio dictamen del Tribunal de Disciplina reconoce que no hubo beneficio patrimonial, provecho personal ni antecedentes de irregularidades operativas en el expediente del togado, por lo que confirmó que acompañará legalmente a Sergio Sigales en la defensa de sus derechos laborales y constitucionales.
