Este lunes, la Corte Suprema de los Estados Unidos autorizó al gobierno federal reactivar de forma inmediata las obras del muro fronterizo en un sector limítrofe de Texas, zona que comprende el territorio protegido del Parque Nacional Big Bend y reservas naturales adyacentes.
Con esta determinación jurídica, el máximo tribunal dejó sin efecto la orden precautoria emitida por un tribunal federal de distrito que mantenía suspendida la construcción de la valla fronteriza en la región de Big Bend, argumentando que el mandato del juzgador de primera instancia «impide al gobierno avanzar en sus ‘objetivos apremiantes’ en materia de seguridad e integridad fronteriza». En su fundamentación mayoritaria, los magistrados determinaron que «el interés del gobierno, por lo tanto, supera cualquier daño estético, recreativo y ambiental alegado por los demandantes», postura en la que la jueza Ketanji Brown Jackson emitió el único voto disidente.
El litigio original fue promovido por el Center for Biological Diversity y diversas organizaciones conservacionistas, las cuales impugnaron la exención administrativa otorgada por la Casa Blanca para anular la aplicación de decenas de normativas ambientales federales y acelerar la edificación de la infraestructura valuada en mil 700 millones de dólares, la cual atravesará zonas del Parque Nacional Big Bend y el Parque Estatal Big Bend Ranch.
De acuerdo con las directrices del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el proyecto integral contempla el levantamiento de barreras físicas, caminos de patrullaje para la Patrulla Fronteriza, sistemas de iluminación de alta potencia y torres con tecnología de detección y vigilancia, obras que se desarrollarán en un entorno de alto valor ecológico que alberga a cientos de especies de aves, linces y osos negros.
