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La Fiscalía General de la República obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de Daniel «N», conocido como el “Mochaorejas”, por su responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas. La resolución del órgano jurisdiccional, notificada tras subsanar la reposición del procedimiento ordenada en agosto de 2003, incluyó la imposición de una sanción económica de 916 mil 312 pesos.

La investigación ministerial estableció que el imputado encabezó desde 1998 una estructura criminal dedicada prioritariamente al secuestro y a la ejecución de diversas actividades delictivas en el Estado de México y en la Ciudad de México. Las acciones de procuración de justicia contra la organización comenzaron en junio de ese mismo año, cuando el Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal y obtuvo los mandamientos judiciales de captura correspondientes para desarticular a la agrupación.

El historial procesal señala que las autoridades ejecutaron la orden de aprehensión contra Daniel «N» el 30 de junio de 1998, ingresándolo al Reclusorio Preventivo Varonil Sur. Meses más tarde, el 21 de agosto de 1998, las fuerzas de seguridad capturaron a Daniel «V» y Dulce «N», a quienes trasladaron al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno en Almoloya de Juárez. Aunque los tres implicados recibieron un fallo condenatorio en agosto de 2003, la promoción de juicios de amparo derivó en la protección federal que ordenó reponer la causa penal hasta su conclusión actual.

En la misma determinación, la autoridad judicial impuso una pena de 22 años de prisión y una multa superior a cuatro millones de pesos a Daniel «V», mientras que a Dulce «N» le fijó una condena de 16 años de prisión con una sanción económica superior a 280 mil pesos. Pese a que el juzgador declaró compurgadas las penas temporales de ambos colaboradores por el tiempo transcurrido, los dos condenados permanecerán en reclusión debido a la existencia de otros procesos penales en su contra.