Este sábado, el Ministerio Público de Paraguay solicitó la prisión preventiva contra el expresidente Santiago Peña, un día después de que se ejecutara su orden de detención en el marco de la causa judicial que investiga la quiebra y disolución de Ueno Bank, entidad bancaria vinculada al exgobernante.
Durante su comparecencia formal, los agentes fiscales notificaron a Peña la imputación penal por los delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. El exjefe de Estado arribó a la sede ministerial pasadas las 11:00 locales a través de un acceso lateral, luego de haber permanecido bajo custodia preventiva en un cuartel militar debido a los enfrentamientos registrados entre manifestantes y cuerpos policiales a las afueras de su domicilio particular en Asunción.
De forma paralela, el recién investido presidente de Paraguay, Pedro Alliana, anunció que el Estado garantizará el pago íntegro de haberes y aguinaldos para todos los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) perjudicados por el cierre de la firma financiera. La decisión gubernamental se formalizó tras una reunión de gabinete en el Palacio de López sostenida con el titular del organismo provisional, Derlis León, con miras a instrumentar medidas de contención económica y liquidez.
El fondo de pensiones mantenía alrededor de 350 millones de dólares en depósitos dentro de Ueno Bank, recursos que quedaron congelados luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) decretara el pasado martes el proceso de liquidación forzosa del banco privado, desatando una profunda crisis política y financiera en el país.
