El Banco Central del Paraguay comenzó la dispersión de anticipos de garantía para los ahorristas de Ueno Bank, cuya reciente intervención regulatoria dejó a cerca de tres millones de usuarios sin acceso a sus recursos y desencadenó una profunda crisis institucional y política en el país.
El colapso de la institución financiera llevó al mandatario Santiago Peña a presentar su renuncia, mientras el Senado avanzaba en un juicio político en su contra por presuntas irregularidades en el manejo de fondos estatales y jubilatorios vinculados a dicha entidad.
De acuerdo con José Maciel, director de la Unidad Administradora del Fondo de Garantía de Depósitos de la banca matriz, los pagos iniciaron mediante un primer bloque destinado a depositantes con fondos de hasta 10 millones de guaraníes, equivalentes a cerca de 1600 dólares.
Para acceder a este esquema inicial, los usuarios deben cumplir tres condiciones de manera obligatoria: no contar con créditos activos en el banco intervenido, no superar el monto fijado y disponer de una cuenta activa en otra entidad financiera del sistema nacional, donde los montos se acreditan de forma directa y automática.
La intervención del banco por insolvencia y la paralización de sus operaciones afectaron a personas físicas, empresas, organismos públicos y deportistas, detonando movilizaciones ciudadanas continuas en las inmediaciones del Congreso paraguayo.
Ante la expectativa por las resoluciones legislativas y posibles enfrentamientos con los cuerpos de seguridad, manifestantes y colectivos estudiantiles mantuvieron concentraciones de protesta en la capital para exigir sanciones penales contra los responsables de la quiebra bancaria.
