El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, luego de que una ciudadana identificada como Deicy Jiménez lo acusó penalmente de otorgar contratos estatales a cambio de favores sexuales, acompañamiento a eventos y suministro de estupefacientes.
Las imputaciones cobraron notoriedad tras la difusión en redes sociales de una grabación de 55 segundos donde ambos aparecen en una habitación, elemento que la denunciante presentó para respaldar sus testimonios sobre presuntos esquemas de contratación irregular que habrían beneficiado a decenas de mujeres en distintas dependencias del Estado.
De acuerdo con registros oficiales, Jiménez obtuvo contratos en al menos cuatro entidades públicas desde 2023: el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia, el Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Ante las acusaciones, la Procuraduría abrió una indagación preliminar para determinar posibles responsabilidades por extralimitación de funciones, acoso y violencia de género en los convenios de prestación de servicios, mientras que el Ministerio de Justicia activó una ruta institucional de resguardo para salvaguardar la integridad de la denunciante y de su nueva abogada, Malo Andrade, tras la renuncia del litigante previo por presuntas amenazas de muerte.
Por su parte, el exmandatario rechazó de forma categórica haber condicionado contratos públicos a relaciones personales, calificó la divulgación del material audiovisual como una intromisión a la intimidad y acusó al actual gobierno de Abelardo de la Espriella de orquestar una campaña política en su contra con financiamiento económico.
Allegados a Petro sostuvieron ante medios de comunicación que las imágenes reflejan un vínculo consensuado que no acredita ningún delito, al tiempo que sectores de oposición en el Congreso demandaron acciones legales para la pérdida de investidura de exlegisladores presuntamente vinculados a las contrataciones y promovieron mociones de indignidad en contra del expresidente.
