En una vertiginosa jornada que consumó el colapso político de su administración, la Policía Nacional de Paraguay detuvo al expresidente Santiago Peña en cumplimiento de la orden judicial de captura emitida horas después de que el Congreso Nacional aprobara su destitución inmediata mediante juicio político. El exmandatario fue trasladado bajo un estricto dispositivo de seguridad hacia dependencias judiciales en Asunción, donde quedó formalmente a disposición del Ministerio Público para su indagatoria por delitos de fraude financiero, administración fraudulenta y conflicto de intereses derivados de la intervención de Ueno Bank.
La crisis institucional se aceleró en las primeras horas de la mañana, cuando Peña solicitó formalmente al Senado una prórroga de 72 horas para articular su defensa ante un expediente acusatorio superior a las 300 fojas, luego de que la Cámara de Diputados aprobara el libelo acusatorio por mal desempeño y el Legislativo rechazara una oferta previa de renuncia. La quiebra e intervención de la entidad bancaria, que congeló los ahorros de cerca de tres millones de usuarios y arrastró cuantiosos fondos del erario público, desató masivas protestas en las calles y precipitó el desmoronamiento de su gabinete: tras el rechazo tajante del Senado a concederle prórroga, dimitieron en bloque los ministros del Interior, del Gabinete Civil y de la Asesoría Jurídica.
Con el respaldo de la mayoría legislativa, incluyendo a antiguos aliados partidistas , el pleno del Senado reanudó el proceso y aprobó su remoción definitiva del cargo. Al perder la inmunidad constitucional que le otorgaba la investidura presidencial, la Justicia paraguaya dictó cerca de las 17:00 horas una orden de detención preventiva y activó alertas de control en fronteras y aeropuertos para neutralizar cualquier tentativa de fuga. Minutos después de emitido el requerimiento por el juzgado de garantías, las fuerzas policiales interceptaron al exjefe de Estado para someterlo a las investigaciones de la Fiscalía General, mientras se consumaba el relevo en el Poder Ejecutivo por la vía de sucesión legal.
