La Cámara de Senadores de Paraguay resolvió apartar del cargo al presidente Santiago Peña mediante juicio político, tras responsabilizarlo de mal desempeño de funciones, conflicto de intereses y desvío de fondos públicos y jubilatorios en beneficio de Ueno Bank.
La determinación concluyó un proceso promovido por la Cámara de Diputados ante la crisis financiera de la entidad bancaria, luego de que el mandatario presentara su renuncia el 5 de noviembre, trámite que no avanzó por falta de cuórum legislativo.
La acusación se fundamentó en cinco ejes que demostraron cómo el gobierno acomodó normativas para favorecer a la institución intervenida y concentrar millonarios depósitos del Instituto de Previsión Social, eludiendo la debida fiscalización del Banco Central del Paraguay.
Durante los alegatos, fiscales acusadores como Rocío Vallejo y Raúl Benítez calificaron la gestión de negligente por desfalcar las arcas estatales en lo que definieron como una gran estafa. Asimismo, señalaron incompatibilidades entre el patrimonio de Peña y su función reguladora.
La defensa del mandatario argumentó la autonomía de los entes reguladores para deslindarlo y cuestionó el juicio tras su dimisión previa; no obstante, el pleno rechazó solicitudes de prórroga y desestimó sus descargos.
Con este fallo, el vicepresidente Pedro Alliana asume la presidencia del país bajo el orden sucesorio constitucional. Peña pierde el derecho a ser senador vitalicio y enfrentará las investigaciones del Ministerio Público, que continuarán por la vía penal ordinaria.
