Una ola de graves disturbios y protestas sociales se desató en las principales ciudades de Paraguay tras la orden emitida por el Banco Central del Paraguay (BCP) para clausurar e intervenir las operaciones de Ueno Bank. La drástica medida de la entidad reguladora provocó el bloqueo inmediato de cuentas y la suspensión de los servicios financieros, dejando a un estimado de tres millones de usuarios paraguayos sin acceso a su dinero, afectando de manera crítica el cobro de salarios, ahorros y jubilaciones en todo el territorio nacional.
La emergencia financiera desató una fuerte controversia en el ámbito político debido a los vínculos directos de la entidad con el poder ejecutivo, ya que el presidente de la República, Santiago Peña, figuraba públicamente como accionista de Ueno Bank. Diversos sectores opositores y organizaciones ciudadanas señalaron la gravedad del conflicto de interés y criticaron la gestión gubernamental del mandatario derechista, estrechamente alineado a nivel regional con figuras como Javier Milei en Argentina y José Antonio Kast en Chile.
Frente a la parálisis económica y la imposibilidad de retirar fondos de los cajeros y plataformas digitales, cientos de manifestantes y ahorristas afectados salieron a las calles a protestar frente a las sucursales bancarias y dependencias gubernamentales, donde se registraron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad pública. Las asociaciones de jubilados y sindicatos de trabajadores exigieron a la Superintendencia de Bancos del BCP garantizar de inmediato la liquidez y el reintegro total de los recursos para frenar la escalada de tensión social.
