El Parlamento venezolano, de mayoría chavista, dio el visto bueno este martes en primera discusión a la reforma de la ley contra el odio. Esta iniciativa plantea despenalizar las faltas previstas en el ordenamiento y sustituir las penas de prisión por multas y trabajo comunitario, atendiendo a una solicitud efectuada a finales de septiembre por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez.
Al presentar el proyecto, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el chavista Pedro Infante, explicó que la propuesta busca fijar procedimientos administrativos claros y establecer sanciones económicas para frenar mensajes de odio en redes sociales. Asimismo, se contempla eliminar de forma explícita la revocación de concesiones a medios de comunicación y exhortar a las organizaciones políticas a promover la paz.
La reforma salió adelante pese al voto en contra de sectores de la oposición, que demandan la derogación absoluta de la norma promulgada en 2017 por considerarla un instrumento de persecución contra la disidencia política. Representantes de la bancada opositora sostienen que la legislación ha violado garantías constitucionales y derechos humanos desde su implementación.
Aunque los artículos específicos del dictamen aún no han sido difundidos públicamente, la diputada opositora Amelia Belisario advirtió que la ejecución de las nuevas sanciones administrativas recaerá en el Ministerio del Interior. La legisladora señaló a dicha dependencia por haber aplicado de forma irregular la normativa previa y por acumular diversos señalamientos en materia de derechos humanos.
