Tribunales federales de Argentina requirieron formalmente el acceso a los registros de video de las cámaras de seguridad y reportes operativos del aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, lugar desde donde el senador y excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro partió en un vuelo privado con destino final hacia Miami, Estados Unidos, tras realizar una escala en Guayaquil, Ecuador.
Las diligencias judiciales se derivan de las denuncias interpuestas por legisladores argentinos que señalan una presunta colaboración institucional por parte de la administración encabezada por Javier Milei para facilitar el tránsito fronterizo y la salida del político brasileño, quien contaba con una orden de restricción para abandonar su país tras los comicios del fin de semana previo.
Las acciones legales fueron promovidas por los diputados Gabriel Solano y Marcela Pagano, quienes acusaron presuntos delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de recursos del erario.
Pagano, exintegrante del espacio oficialista de Milei y ahora opositora, presentó además una denuncia paralela ante las autoridades de Brasil en Foz de Iguazú para que se investigue un posible tráfico de personas y la colaboración de instancias gubernamentales argentinas en el paso fronterizo irregular, argumentando supuestas presiones hacia los órganos investigadores para frenar las indagatorias en los tribunales locales.
