La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 210VG/2026 dirigida a la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), tras acreditar violaciones graves a los derechos humanos en perjuicio de dos personas imputadas indebidamente por su supuesta complicidad en la fuga de Joaquín «El Chapo» Guzmán registrada el 11 de julio de 2015 en el Cefereso número 1, El Altiplano.
De acuerdo con el organismo garante, tres agentes del Ministerio Público Federal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) incurrieron en una acusación indebida al no realizar una indagatoria bajo los principios de debida diligencia, profesionalismo y eficiencia. Esta omisión condujo a la privación ilegal de la libertad de las víctimas, vulnerando sus derechos a la legalidad y afectando de forma irreparable su proyecto de vida e imagen pública.
Asimismo, dictámenes especializados en materia médica elaborados por la CNDH determinaron que el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), dependiente de la Segob, omitió proporcionar atención médica adecuada a las víctimas durante su reclusión en el Cefereso número 4 de Tepic, Nayarit, y en el Cefereso número 16 de Coatlán del Río, Morelos.
Finalmente, la recomendación señala que la antigua Secretaría de la Función Pública (SFP) —hoy SAyBG— incurrió en omisiones al procesar los procedimientos administrativos sin un enfoque garantista. Dichas faltas derivaron en la imposición de la sanción máxima e inhabilitaciones por 10 años para ejercer cargos públicos, por lo que la CNDH solicitó la reparación integral del daño.
