Una investigación del medio Animal Político reveló que los familiares de Richard Halliday, militar estadounidense asesinado en enero de 2025 en Ciudad Juárez, presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia «Maru» Campos Galván. En el recurso interpuesto por vía electrónica, se acusa directamente a la mandataria panista de haber mentido al asegurar de forma pública que desconocía la presencia y las intervenciones de agentes extranjeros en el territorio bajo su jurisdicción.
La revelación de esta acción legal ocurre en medio del escándalo por la muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), identificados como Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, quienes perdieron la vida tras participar en un operativo antidrogas en la entidad sin la debida autorización de las autoridades federales. Tras el suceso, que provocó la dimisión del entonces fiscal estatal César Jáuregui Moreno, la gobernadora Maru Campos aseveró de manera pública que no estuvo enterada de la presencia de efectivos estadounidenses en la zona sino hasta el día del percance.
Sin embargo, los allegados al militar Halliday afirman poseer documentación contundente que demuestra que Maru Campos recibía de manera directa informes periódicos de inteligencia sobre el despliegue de fuerzas estadounidenses en Chihuahua desde al menos un año antes. Según la denuncia formulada por Robert Halliday, padre de la víctima asignada a la base de Fort Bliss, la titular del Ejecutivo estatal mantenía un esquema de coordinación no autorizado con agencias internacionales, permitiendo el desarrollo de operaciones encubiertas al margen del marco constitucional de México.
En el expediente entregado a las autoridades federales, la familia proporcionó un compendio de evidencias que incluye fotografías, grabaciones audiovisuales y archivos digitales que documentan el despliegue de elementos extranjeros en la Sierra Tarahumara. La acusación sostiene que la muerte del militar estuvo vinculada a su descubrimiento de redes delictivas vinculadas a cárteles y operaciones militares irregulares. Además, la querella señala la participación de la exfuncionaria estatal Alejandra de la Vega Foster en la gestión de enlaces con el gobierno de Texas, atribuyéndole un presunto conflicto de interés por desempeñar cargos simultáneos en ambas administraciones para facilitar acuerdos transfronterizos no avalados por la Federación.
Paralelamente, durante la conferencia matutina de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó haber sostenido una ríspida reunión de trabajo con la gobernadora en Ciudad Juárez en septiembre pasado. La mandataria federal detalló que el diálogo derivó en un acalorado reclamo mutuo donde ambas levantaron la voz, luego de que el Gobierno de la República le cuestionara directamente su presunta responsabilidad en la vulneración a la soberanía nacional y el incumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional.
Durante dicho encuentro, Sheinbaum Pardo enfatizó que el ingreso de agencias operativas extranjeras debe someterse con rigor a los controles constitucionales y a los canales institucionales. Ante los señalamientos, Maru Campos rechazó la responsabilidad del ingreso de las células estadounidenses y desvió la culpa hacia el exfiscal César Jáuregui Moreno —detenido formalmente el pasado 17 de octubre—, además de señalar anomalías en la gestión del exfuncionario para deslindarse de las implicaciones legales del operativo.
Las recientes declaraciones de la titular del Ejecutivo federal dejaron al descubierto la inexistencia de un pacto político de protección hacia la administración estatal. Las pruebas presentadas por la familia Halliday, sumadas a las acusaciones sobre un esquema clandestino de colaboración internacional, evidencian que Maru Campos no solo traicionó la confianza de su exfiscal al deslindarse de las acciones en la entidad, sino que incurrió en una abierta traición a la patria al permitir el libre actuar de la CIA en territorio nacional a espaldas de la Constitución mexicana.
