En México, 3.5 millones de niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de trabajo infantil, de los cuales 1.7 millones realizan actividades catalogadas como peligrosas, según los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Las cifras reflejan que tres de cada cuatro menores ocupados (75 %) desempeñan labores de alto riesgo que vulneran su salud, seguridad e integridad física, principalmente en los sectores agropecuario, de servicios y comercio.
Aunque la tasa general de trabajo infantil registró una leve reducción al ubicarse en 12.6 % en 2025, frente al 13.1 % de 2022 , el indicador continúa por encima de los niveles prepandemia (11.4 % en 2019), evidenciando profundas brechas de desigualdad territorial y étnica. El fenómeno golpea con mayor severidad a la población indígena, donde la tasa escala al 24.9 %, y se concentra con dramatismo en estados del sur del país como Guerrero (22.6 %), Oaxaca (20.9 %) y Chiapas (20.3 %). Además, existe una estrecha correlación con el rezago educativo: casi la mitad (48.4 %) de los menores que trabajan no asisten a la escuela.
El informe del INEGI coloca el problema en el centro de las prioridades de la agenda pública y laboral del país. La persistencia de faenas peligrosas y jornadas excesivas, donde un tercio de los menores labora más de 28 horas a la semana, representa un reto directo para el cumplimiento de los compromisos de erradicación asumidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), bajo permanente escrutinio de socios comerciales e inspectores internacionales.
