El Gobierno de México dejó de percibir alrededor de 61 mil millones de pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) durante 2025, debido a irregularidades relacionadas con el comercio de combustibles.
Así lo informó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, al presentar los avances de la estrategia contra el huachicol fiscal.
Entre enero y septiembre de 2026, las medidas implementadas permitieron recuperar cerca de 48 mil millones de pesos por este gravamen; las cifras fueron reportadas por el Gobierno federal y difundidas por La Jornada.
De acuerdo con el informe presentado por autoridades del sector energético, las inconsistencias detectadas durante 2025 sumaron ocho mil 824 millones de litros de combustible.
La mayor parte se concentró en empresas comercializadoras, donde se identificaron diferencias entre los volúmenes de compra y venta por seis mil 352 millones de litros, equivalentes a 44 mil 468 millones de pesos en posibles irregularidades fiscales; en estaciones de servicio se detectaron otros mil 199 millones de litros de desbalance.
Como parte de las acciones de fiscalización, el Gobierno reportó el cierre de dos mil 224 empresas que comercializaban combustible sin permiso, multas a dos mil 32 gasolineras y la baja de 180 empresas del padrón de importadores por contrabando.
También identificó 175 compañías catalogadas como factureras; las autoridades presentaron denuncias por presunto contrabando, defraudación fiscal e inconsistencias en los volúmenes de combustible, mientras Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó más de 10 mil casos relacionados con robo de hidrocarburos.
Sheinbaum también informó sobre las investigaciones derivadas del aseguramiento de un buque en Altamira, Tamaulipas.
En ese caso, señaló que hay 15 personas detenidas, de las cuales 11 son elementos de la Marina vinculados a proceso, además de 17 órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar y tres solicitudes de extradición presentadas ante Estados Unidos.
En contraste, la presidenta reconoció que el combustible localizado en una planta de distribución en San José Iturbide, Guanajuato, durante un operativo anunciado en septiembre como el mayor decomiso de huachicol del país, contaba con documentación en regla.
Según lo expuesto por Sheinbaum, las irregularidades detectadas correspondían al transporte del combustible y fueron subsanadas por la empresa.
La mandataria descartó que las investigaciones hubieran confirmado un esquema amplio de huachicol en esas instalaciones.
El Gobierno federal busca reforzar los controles sobre la importación, comercialización, transporte, almacenamiento y distribución de combustibles para evitar la evasión fiscal y el ingreso ilegal de hidrocarburos.
Los datos presentados colocan el combate al huachicol fiscal entre los principales retos de supervisión del mercado energético, tanto por las pérdidas tributarias identificadas en 2025 como por las investigaciones penales que continúan en curso.
