Un juez resolverá el próximo 29 de octubre la situación jurídica de nueve tripulantes del pesquero Don Rufo, una de las ocho embarcaciones ecuatorianas atacadas y hundidas por la Marina de Estados Unidos en el océano Pacífico durante operativos antidrogas celebrados entre agosto y septiembre. La diligencia judicial se llevó a cabo este martes, según confirmó a la agencia EFE el abogado defensor, Juan Alvia, en un proceso donde las autoridades estadounidenses señalan a los marineros por presuntos vínculos con redes de narcotráfico internacional.
El grupo procesado representa a más de la mitad de la tripulación de la nave interceptada el 8 de septiembre en aguas internacionales, en el marco de una serie de incursiones militares coordinadas entre Washington y el Gobierno de Ecuador. El caso ha generado intensa atención jurídica y diplomática al poner bajo la lupa los límites de las intervenciones militares estadounidenses, el uso de la fuerza contra embarcaciones civiles en la región y las garantías procesales de las tripulaciones capturadas durante despliegues navales en alta mar.
El fallo de finales de octubre marcará un antecedente clave respecto a la responsabilidad penal de los marineros detenidos y la validez de los procedimientos ejecutados por las fuerzas estadounidenses en aguas del Pacífico. La resolución judicial es seguida de cerca por organizaciones de derechos humanos y actores de la política exterior regional, ante el debate emergente por la soberanía marítima y los mecanismos transnacionales en la lucha contra el crimen organizado.
