Una coalición de fiscales generales de más de 20 estados de Estados Unidos presentó un recurso legal para impugnar las detenciones de inmigrantes realizadas sin orden judicial por parte de las autoridades migratorias federales. Los funcionarios denunciaron que este tipo de operativos arbitrarios ha provocado graves daños en comunidades de todo el país, vulnerando derechos constitucionales y generando un clima de desconfianza en las instituciones encargadas del orden.
En la demanda, encabezada por estados como Nueva York, California, Illinois y el Distrito de Columbia, los procuradores argumentaron que estas prácticas gubernamentales socavan la salud pública, la seguridad y la economía local. Explicaron que la constante amenaza de operativos sin control judicial ahuyenta a las personas migrantes de acudir a centros de salud, denunciar delitos o asistir a las escuelas, lo que deteriora la cohesión social y altera la vida comunitaria en sus jurisdicciones.
Asimismo, la coalición exigió ante las cortes federales que se prohíba a los agentes de inmigración efectuar arrestos en la vía pública o en inmuebles civiles sin una orden emitida por un juez, al considerar que contraviene las garantías del debido proceso. Los fiscales reiteraron que la observancia de la ley y de las ordenanzas locales debe primar sobre los esquemas de detención masiva que atentan contra la estabilidad de las familias de inmigrantes.
