La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, lanzó una contundente advertencia frente a los recientes episodios de vandalismo y disturbios registrados en diversas movilizaciones, asegurando que su gobierno aplicará penas severas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20,000 euros para quienes se integren a grupos violentos y utilicen piedras, petardos o palos contra la propiedad pública o las fuerzas del orden. Bajo la premisa de «el que rompe, paga», la mandataria enfatizó que el Estado hará cumplir la responsabilidad civil y penal sin excepciones para frenar la violencia callejera.
Dentro del marco de estas medidas de seguridad, Meloni confirmó que las sanciones se extenderán directamente a la responsabilidad parental en casos de actos delictivos cometidos por menores de edad, luego de que se informara que el manifestante identificado de menor edad en los desmanes de Milán tenía apenas 11 años. Ante esta situación, el Ejecutivo dispondrá el envío de 500 efectivos militares adicionales a la ciudad de Milán antes de que concluya el año, con la finalidad de reforzar el patrullaje conjunto con la Policía Estatal y los Carabineros para recuperar el orden público.
Finalmente, la jefa del Ejecutivo italiano desmarcó rotundamente las acciones vandálicas de cualquier derecho de manifestación o causa política, señalando que la devastación de inmuebles y los saqueos constituyen actos de delincuencia común y no una protesta legítima. La administración central reiteró su compromiso de emplear toda la fuerza institucional para evitar que la violencia sistemática se convierta en la nueva normalidad dentro de las principales metrópolis del país europeo.
