Cuatro jóvenes detenidos durante la protesta por agua limpia en Guadalajara tendrán una nueva audiencia este viernes 16 de octubre en Puente Grande, Jalisco, donde un juez determinará si existen elementos para vincularlos a proceso por los hechos ocurridos durante la movilización del pasado domingo.
Los jóvenes, identificados como Alexis Daniel Guzmán Ríos, Samuel Morales Navarro, Teodoro Jesús Torres Valdez y Juan Darío Muñoz Nava, quedaron en libertad después de su primera audiencia. Sin embargo, su situación jurídica sigue pendiente porque la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional para preparar sus argumentos.
Los cuatro formaban parte de un grupo de siete hombres trasladados inicialmente a los juzgados de Puente Grande. De ese grupo, dos fueron vinculados a proceso por el delito de lesiones y deberán presentarse periódicamente ante las autoridades; otro quedó libre sin cargos. La audiencia de este viernes definirá si los cuatro restantes también enfrentarán un proceso penal. Una eventual vinculación no implica una declaración de culpabilidad.
El caso se originó durante la marcha del 11 de octubre, convocada para exigir agua limpia y potable en Guadalajara. La movilización terminó con detenciones y personas lesionadas. Las autoridades estatales atribuyeron los disturbios a la presencia de presuntos grupos violentos, mientras familiares y organizaciones civiles cuestionaron la legalidad de los arrestos y denunciaron agresiones contra manifestantes.
El gobernador Pablo Lemus reconoció excesos en la actuación policial y el gobierno estatal abrió una investigación interna contra 17 elementos. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió investigar las denuncias de presunta tortura y esclarecer quién ordenó el operativo. Las acusaciones deben ser investigadas y sus responsabilidades, determinadas por las instancias correspondientes.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), que acompaña la defensa de los jóvenes, pidió que no sean vinculados a proceso y convocó a acompañar a sus familias durante la audiencia, prevista para las 10:00 horas. La resolución judicial será un nuevo punto en un caso que combina la exigencia ciudadana de agua de calidad con cuestionamientos sobre el uso de la fuerza pública y el respeto al derecho a la protesta.
