La escritora irlandesa Sally Rooney dejará de distribuir sus libros en Reino Unido debido a su decisión de destinar regalías a Palestine Action, organización prohibida por el Gobierno británico bajo la legislación antiterrorista. La editorial Faber anunció el 14 de octubre que suspenderá el suministro de sus obras en el mercado británico, en todos los formatos y de común acuerdo con la autora.
La medida afecta títulos como Gente normal, Conversaciones entre amigos y Dónde estás, mundo bello. Sin embargo, no constituye una prohibición gubernamental de sus novelas: las librerías todavía pueden vender los ejemplares que mantienen en inventario, aunque no podrán reponerlos mediante la distribución de Faber. La editorial continuará comercializando sus obras en otros países.

El conflicto se originó en agosto de 2025, cuando Rooney anunció que destinaría ingresos de sus libros y de sus adaptaciones televisivas a Palestine Action. Un año antes, el grupo había intensificado sus acciones contra empresas vinculadas con la industria armamentista israelí. En junio de 2025, activistas ingresaron a la base aérea británica de Brize Norton y dañaron dos aviones militares.
El Gobierno británico proscribió al grupo en julio de ese año bajo la Ley de Terrorismo de 2000. La legislación penaliza determinadas formas de apoyo financiero a organizaciones prohibidas cuando se sabe o existen motivos razonables para sospechar que los recursos podrían utilizarse con fines terroristas. Faber argumentó que no puede transferir a Rooney los ingresos de las ventas británicas sin exponerse a consecuencias legales.

La legalidad de la proscripción sigue en disputa. En febrero de 2026, el Tribunal Superior declaró ilegal la medida, pero el Tribunal de Apelación revirtió esa decisión en junio. La Corte Suprema tiene previsto revisar el caso los días 4 y 5 de noviembre.
La decisión de Rooney reaviva el debate sobre los límites legales del activismo político, la libertad de expresión y la circulación de obras culturales. Mientras la editorial sostiene que no puede vender libros sin pagar a su autora, críticos de la proscripción consideran que la legislación restringe derechos de protesta y expresión. El desenlace judicial podría influir en el alcance de esas restricciones en Reino Unido.












