La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, envió al Congreso capitalino la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles. La propuesta establece que el tope del incremento anual en los alquileres no podrá superar el índice inflacionario reportado por el Inegi para el año inmediato anterior, restricción que aplicará incluso al cambiar de arrendatario. Quienes incumplan esta disposición enfrentarán multas administrativas que van de las 100 a las 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
El proyecto otorga facultades a los inquilinos frente a cobros exentos de legalidad al renovar sus contratos. Si la parte propietaria exige un monto superior al límite autorizado, el arrendatario podrá optar por pagar únicamente el costo pactado previamente más la inflación correspondiente, prorrogar el contrato por un año adicional de forma automática y exigir la devolución de cobros excedentes. Además, la norma obliga a fijar un precio único de renta —separado de cuotas de mantenimiento o servicios— y exige registrar cada contrato habitacional en un sistema operado por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).
Para vigilar el cumplimiento de la normativa, la iniciativa contempla la creación de la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, unidad adscrita a la Procuraduría Social que verificará la legalidad de los montos contratados, ofrecerá asesoría jurídica y ejecutará sanciones. Paralelamente, se creará el Gabinete de Acompañamiento Social ante Desalojos, encabezado por la Secretaría de Gobierno, enfocado en mediar, detectar situaciones de vulnerabilidad social y buscar mecanismos de conciliación antes de concretar un lanzamiento judicial.
