Un juez federal declaró extinguida la acción penal contra Francisco Garduño, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, relacionado con el incendio ocurrido en marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. La resolución se emitió el 13 de octubre, después de una audiencia de casi ocho horas, al considerar que el exfuncionario cumplió las condiciones impuestas para suspender su proceso.
El incendio ocurrió el 27 de marzo de 2023 y dejó 40 personas migrantes muertas y 27 lesionadas. La tragedia expuso fallas en las condiciones de seguridad y en la actuación del personal encargado de custodiar a quienes se encontraban en esas instalaciones.
En enero de 2025, Garduño obtuvo la suspensión condicional del proceso por un periodo de 18 meses. Entre las condiciones establecidas estaban la reparación del daño, una disculpa pública y la participación en capacitaciones sobre derechos humanos y protección civil. En septiembre de ese año, el excomisionado ofreció una disculpa pública. Un tribunal de apelación confirmó posteriormente la suspensión, pese a la impugnación de representantes de víctimas.
La reparación económica fue uno de los puntos controvertidos. En marzo de 2024, el INM informó que 29 de las 40 familias de personas fallecidas habían recibido indemnización y que continuaban las gestiones para atender los casos restantes y los de las personas lesionadas. En abril de 2025, al revisar la suspensión, un tribunal señaló que se habían autorizado 300 millones de pesos para las víctimas y sostuvo que el pago realizado por el Estado no impedía aplicar esta salida alterna.
La decisión judicial no equivale a una sentencia de inocencia emitida después de un juicio ni resuelve por sí misma todas las responsabilidades relacionadas con el incendio. La causa contra Garduño se centraba en el ejercicio ilícito del servicio público.
Durante la audiencia del 13 de octubre, organizaciones y representantes de víctimas se manifestaron contra el cierre. La asociación Derechos Humanos Integrales en Acción advirtió que persisten prácticas cuestionadas en las estaciones migratorias, entre ellas detenciones que, según la organización, superan los límites legales y condiciones de alojamiento forzado.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó violaciones graves a los derechos humanos de las 67 personas afectadas y dirigió la Recomendación 111VG/2023 a Gobernación, Relaciones Exteriores y al INM. Ese antecedente mantiene abierta una discusión más amplia sobre la responsabilidad institucional, la protección de las personas migrantes y las garantías para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.
