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Los cárteles de la droga de Latinoamérica se encuentran operando en al menos 16 países europeos tras consolidar alianzas con organizaciones mafiosas locales. De acuerdo con una investigación publicada este martes por el diario británico The Guardian, esta penetración explica el incremento del 471 % en las incautaciones de cocaína en el continente entre 2014 y 2024, así como la proliferación de laboratorios clandestinos de procesamiento de droga.

El análisis de cuatro meses, fundamentado en bases de datos, informes de inteligencia y entrevistas con fiscales y jueces, identifica la presencia activa de grupos como los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC de Colombia, el Tren de Aragua de Venezuela y las pandillas MS-13 y Barrio 18. Asimismo, destaca el impacto del Primeiro Comando da Capital (PCC) de Brasil, organización que según reportes de inteligencia opera en naciones como Reino Unido, Irlanda, Suecia y Suiza.

Si bien las redes criminales han mantenido tradicionalmente puntos de entrada en España, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Francia, la infraestructura del narcotráfico se ha extendido hacia el este y norte del continente. Informes de seguridad confirman el desmantelamiento de laboratorios de metanfetamina dirigidos por operadores mexicanos en zonas de Alemania, el sur de Francia y Polonia, además de detectar actividades en Rumanía, Bulgaria, Croacia y Eslovaquia.

Expertos y autoridades en materia de seguridad advierten que la crisis actual supera en escala y alcance a las incursiones pioneras registradas en la década de 1980 por los cárteles de Medellín y Cali. Las agencias policiales señalan que las agrupaciones transnacionales ya no se limitan a enviar cargamentos a través de intermediarios, sino que han establecido presencia física permanente para supervisar la logística, el procesamiento y la distribución en suelo europeo.

El informe concluye que la colaboración entre cárteles americanos y grupos delictivos del viejo continente representa un desafío sin precedentes para agencias como Europol. La descentralización de las rutas de suministro y el uso de puertos secundarios dificultan la neutralización de unas redes criminales cuya capacidad financiera y operativa continúa expandiéndose a escala global.