La Fiscalía General de Bolivia inició una investigación preliminar contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera por la presunta comisión de los delitos de asesinato, vejaciones, torturas y privación de libertad. El proceso penal se relaciona con el operativo policial efectuado en 2009 en el Hotel Las Américas, ubicado en la ciudad de Santa Cruz, donde fallecieron tres ciudadanos europeos.
El fiscal general interino, José Armando Urioste, notificó al Tribunal Supremo de Justicia el comienzo de la fase de acumulación de antecedentes. Dicha determinación institucional responde a una denuncia formal interpuesta por los congresistas Tomasa Yarhui y Rodrigo Antonio, quienes sostienen que los implicados sufrieron ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad estatales en lugar de un enfrentamiento armado.
Los hechos bajo investigación ocurrieron cuando un comando policial intervino el establecimiento hotelero y abatió al boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, al irlandés Michael Dwyer y al húngaro-rumano Arpad Magyarosi. Dos sobrevivientes del operativo, Mario Tadic y Elöd Tóásó, denunciaron agresiones físicas y tortura tras ser puestos bajo custodia, mientras la administración de Morales argumentó en su momento que el grupo pretendía impulsar un movimiento separatista.
El caso escaló al ámbito internacional luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó en 2021 que el Estado boliviano cometió violaciones graves a las garantías fundamentales, remitiendo el expediente a la Corte Interamericana. La reapertura de la causa se produce una semana después del nombramiento de Urioste por parte del Congreso, tras la detención del anterior fiscal por señalamientos de narcotráfico.
