La Suprema Corte de Justicia de la Nación implementará una herramienta digital para frenar la repetición sistemática de cobros municipales desproporcionados por conceptos como copias certificadas, alumbrado público y licencias de construcción. A pesar de que el alto tribunal ha invalidado reiteradamente estas tarifas por considerarlas inconstitucionales, los ayuntamientos continúan incorporando los mismos gravámenes año con año en sus leyes de ingresos.
Uno de los casos recientes se registró en San Pablo Macuiltianguis, Oaxaca, donde el municipio pretendía cobrar 120 pesos por la expedición de una copia de archivo, cuyo costo real se estimó en apenas 76 centavos, lo que representaba un monto 158 veces mayor. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 31/2026, la Corte anuló dicha disposición, evidenciando un patrón recurrente de abusos tarifarios en diversas regiones del país que saturan la labor jurisdiccional del tribunal constitucional.
La revisión de estos asuntos, catalogados como de “vigencia anual”, llega a acaparar sesiones plenarias completas, como ocurrió recientemente cuando el pleno resolvió más de 30 expedientes de manera simultánea. Ante este volumen de trabajo, el pleno acordó el pasado 28 de septiembre agilizar los procesos mediante un abordaje conjunto. El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, señaló que los municipios replican los vicios normativos anualmente a pesar de los criterios obligatorios emitidos por el máximo tribunal.
De acuerdo con estadísticas oficiales de la SCJN, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 se emitieron resoluciones sobre 118 expedientes de esta naturaleza. Las entidades federativas con mayor incidencia de cobros excesivos por copias, infracciones y permisos fueron Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas, Durango y Tlaxcala, lo que motivó el desarrollo del nuevo recurso tecnológico para optimizar el control de constitucionalidad.
