La designación de Gilberto Loya Chávez como encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua abrió un nuevo frente político entre Morena y el gobierno de la panista María Eugenia Campos. Cruz Pérez Cuéllar acusó a la mandataria de intentar dejar un fiscal afín que permanezca en el cargo durante los próximos ocho años, incluso después del cambio de gobierno.
El señalamiento, publicado por La Jornada, se produce en medio de la discusión sobre el futuro de la Fiscalía estatal. Pérez Cuéllar sostuvo que el nombramiento busca asegurar la continuidad de un perfil cercano a Campos y cuestionó que Loya haya trabajado previamente bajo su administración. También puso en duda su preparación académica en materia jurídica. Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a la postura del morenista y no constituyen, por sí mismas, pruebas de una intención de protección política o de irregularidades en sus credenciales.
La gobernadora presentó una justificación distinta. En un mensaje oficial, explicó que eligió a Loya por su experiencia al frente de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y por los resultados que, a su juicio, obtuvo en esa dependencia. Aseguró que la designación definitiva del fiscal deberá seguir el procedimiento previsto en la Constitución local y en el Congreso de Chihuahua.
El trasfondo es una disputa legislativa que antecede al nombramiento. Desde agosto, PAN y Movimiento Ciudadano impulsan una reforma para fortalecer la autonomía de la Fiscalía, con una propuesta que contempla un periodo de ocho años para su titular. Morena ha cuestionado el diseño y el momento de la iniciativa, mientras sus promotores argumentan que busca reducir la subordinación de la institución al gobierno en turno.
El relevo también ocurre después de la salida de César Jáuregui Moreno, quien renunció como fiscal tras la controversia por la participación de agentes estadounidenses en operativos antidrogas en Chihuahua. Francisco Sáenz Soto quedó entonces como encargado del despacho y ahora continuará dentro de la institución.
Por ahora, el punto central es distinguir entre la designación temporal de Loya y su eventual nombramiento definitivo. La primera ya fue anunciada; la segunda, según Campos, deberá sujetarse al procedimiento constitucional. La controversia planteada por Pérez Cuéllar pone bajo escrutinio la independencia de la Fiscalía y la duración del encargo, pero determinar si existe un intento de blindaje político requerirá examinar la reforma, el proceso de selección y las decisiones que adopten las autoridades competentes.
