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El gobierno de Claudia Sheinbaum autorizó una primera fase de estudios para evaluar si México puede aprovechar gas natural no convencional mediante fracturamiento hidráulico, conocido como fracking, aunque por ahora no está autorizada su explotación comercial.

Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, confirmó que se realizarán pruebas piloto bajo criterios científicos y ambientales. La decisión deriva de las recomendaciones de un comité integrado por 54 especialistas, que analiza la viabilidad técnica, económica y ambiental de esta actividad.

Los primeros trabajos se concentrarán en las cuencas Sabinas-Burro-Picachos, en Coahuila y Nuevo León, y Burgos, en el noreste de Tamaulipas. En estas zonas se perforarán pozos de investigación para comprobar si existen formaciones profundas de agua salada y determinar la presencia y potencial de gas no convencional. El gobierno aclara que estos primeros pozos no tienen como objetivo extraer gas.

La cuenca Tampico-Misantla, que abarca principalmente Veracruz y parte de Tamaulipas, quedó fuera: el comité recomendó prohibir ahí la extracción de gas no convencional por factores ambientales, sociales, de biodiversidad y densidad poblacional.

Las reservas oficiales también reflejan los riesgos asociados a la técnica. Los especialistas establecieron que, si eventualmente se avanza, no deberá utilizarse agua dulce destinada al consumo, agricultura o ganadería. Se plantea emplear agua salada profunda, reciclar al menos 75 por ciento del líquido y mantener vigilancia independiente sobre acuíferos, ecosistemas y actividad sísmica.

Sheinbaum ha señalado que primero deberán comprobarse estas condiciones y la viabilidad económica. Por ello, México está evaluando el fracking, pero todavía no ha decidido aplicarlo de manera comercial.