Desde la aprobación en marzo pasado de la ley de reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, en Argentina se perdieron 36.000 puestos de trabajo formales y cerraron 6.905 empresas, según reveló un informe presentado por organizaciones de la sociedad civil y centros de estudios. El relevamiento advierte que el nuevo marco regulatorio no generó el empleo prometido sino que facilitó los despidos masivos y profundizó la precarización laboral en el sector privado.
El documento señala que la destrucción del empleo registrado es generalizada, afectando incluso a rubros dinámicos como la minería, el petróleo y la intermediación financiera. Como contrapartida a la pérdida de puestos formales, se registró un marcado incremento de la informalidad laboral, la cual alcanzó una tasa récord del 45 % en todo el país. Esta dinamica implicó que más de 6 millones de trabajadores argentinos se desempeñen hoy en el sector informal o por cuenta propia.
A pesar de que el Gobierno de Javier Milei defendió la normativa argumentando que la flexibilización de las condiciones de contratación y la ampliación del periodo de prueba incentivarían la inversión, los datos demuestran que las medidas de desregulación y la reducción del cálculo indemnizatorio no lograron frenar el cierre masivo de pymes y comercios. La crisis del mercado de trabajo en Argentina acumula así un saldo negativo superior a 240.000 empleos perdidos en lo que va de la gestión ultraliberal.
