La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estableció que la Academia Internacional de Capacitación Policial de Querétaro debe ser presentada ante el Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG), al tratarse de un proyecto que contempla cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero.
En una nota informativa difundida este 5 de octubre, la Cancillería recordó que, conforme a la Ley de Seguridad Nacional, cualquier capacitación o proyecto de cooperación en seguridad con un gobierno extranjero requiere el visto bueno previo de ese órgano, auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional.
El pronunciamiento ocurre después de que el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, colocaron el 2 de octubre la primera piedra de la academia. La Fiscalía General del Estado confirmó que el proyecto contempla intercambio de capacitación, tecnología e inteligencia, así como colaboración con la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada estadounidense.
La SRE precisó que sí recibió previamente información del Gobierno de Querétaro sobre la visita del embajador. El oficio, recibido el 25 de septiembre, señalaba que el encuentro abordaría temas de interés común y que no implicaría mecanismos directos de cooperación internacional en seguridad o procuración de justicia.
Sin embargo, la Cancillería sostiene que la naturaleza de la academia sí encuadra en los supuestos que deben ser revisados por el GANSEG. Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario Roberto Velasco Álvarez habló directamente con Kuri y le ofreció acompañamiento para realizar las gestiones correspondientes.
La SRE subrayó que México mantiene una cooperación sólida con Estados Unidos en materia de seguridad, pero bajo respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y diferenciada, coordinación institucional y cooperación sin subordinación.
De esta manera, el pronunciamiento no plantea suspender la colaboración bilateral, sino establecer que este tipo de proyectos debe conducirse mediante los canales institucionales del Gobierno de México.
