Un caso registrado en una corte de inmigración de Luisiana, donde un bebé de un año y su madre adolescente enfrentan procesos de asilo sin representación legal, ilustra la situación de vulnerabilidad que atraviesan miles de menores migrantes en Estados Unidos. La falta de asesoría jurídica incrementa de manera directa el riesgo de deportación bajo las políticas migratorias vigentes.
Las dificultades legales de esta población se agudizaron en 2025, cuando el gobierno federal intentó recortar los fondos destinados a la red nacional de organizaciones que asisten a menores no acompañados o separados de sus familias bajo custodia gubernamental. Aunque una jueza federal bloqueó temporalmente la medida tras una demanda, la administración suspendió los pagos y dejó vencer en julio de 2026 el contrato con Acacia Center for Justice, entidad que administraba a un centenar de organizaciones de apoyo.
Representantes de organizaciones como el Proyecto Florence señalaron que la administración condicionó los recursos a la entrega de datos confidenciales de unos veinte mil menores representados, exigencia que fue rechazada. Posteriormente, el Ejecutivo federal intentó transferir la administración de los casos a despachos y agrupaciones vinculadas a exfuncionarios, cuyas postulaciones generaron cuestionamientos políticos y legales que derivaron en la pausa de los contratos.
Legisladores demócratas expresaron su profunda preocupación ante el Departamento de Salud por el manejo político de la protección legal infantil y la selección de entidades que consideran no calificadas. Por su parte, organizaciones defensoras advierten que estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a acelerar las deportaciones masivas, obstaculizando el acceso a una defensa adecuada para los menores de edad.
