Desde su creación, las Naciones Unidas han tenido entre sus principales propósitos preservar la paz, promover los derechos humanos y fomentar la cooperación internacional para alcanzar mejores condiciones de desarrollo y bienestar. Con el paso del tiempo, esta agenda se ha ampliado para incorporar desafíos como la reducción de la pobreza y las desigualdades, el desarrollo sostenible y la construcción de instituciones capaces de garantizar derechos. En ese contexto, la política fiscal adquiere una importancia fundamental, pues difícilmente puede existir desarrollo sin los recursos suficientes para financiar infraestructura, educación, salud, seguridad y políticas sociales.
La reciente Asamblea General de las Naciones Unidas volvió a colocar sobre la mesa la importancia de contar con recursos para el desarrollo de los países y su capacidad financiera. En un contexto internacional caracterizado por elevados niveles de deuda y crecientes necesidades de inversión, fortalecer los ingresos públicos se ha convertido en una parte indispensable de cualquier estrategia seria de desarrollo.
Para México, este desafío no significa simplemente cobrar más impuestos. Significa construir un sistema tributario más eficaz, capaz de recaudar mejor, combatir la evasión y la elusión, cerrar espacios para la simulación y, al mismo tiempo, adaptarse a una economía cuyos modelos de negocio están cambiando aceleradamente. La agenda fiscal de los próximos años debe avanzar, por tanto, en dos direcciones complementarias. La primera consiste en fortalecer el cumplimiento de las reglas que ya existen y evitar que actividades ilegales o esquemas abusivos erosionen los ingresos públicos. La segunda exige actualizar nuestras normas frente a nuevas formas de generación de valor que no siempre encajan en los conceptos tributarios tradicionales.
En el primer frente, debemos profundizar el combate contra la facturación falsa. Para ello se requiere mejorar las capacidades de inteligencia tributaria, identificar redes de empresas relacionadas, cruzar información fiscal, bancaria y aduanera y perseguir no solamente a quienes emiten comprobantes falsos, sino también a quienes diseñan, comercializan y utilizan deliberadamente esos esquemas. Cuando exista participación de servidores públicos, las investigaciones deben alcanzar también las posibles redes de corrupción que hicieron posible su funcionamiento.
Pero cerrar los espacios de evasión no será suficiente. El Servicio de Administración Tributaria también debe anticiparse a nuevas estrategias de elusión e identificar mecanismos destinados a trasladar artificialmente utilidades, erosionar bases fiscales o aprovechar diferencias regulatorias sin una justificación económica real. Este reto es cada vez más relevante porque muchas actividades económicas actuales pueden realizarse simultáneamente en distintas jurisdicciones y sin la presencia física que históricamente determinaba dónde debía pagarse un impuesto.
Por ello, en las Naciones Unidas se está negociando una Convención Marco sobre Cooperación Tributaria Internacional, que parte del reconocimiento de que los modelos de negocio, la globalización y la digitalización están evolucionando con mayor rapidez que muchas de las reglas tributarias diseñadas para regularlos. En ese debate se analizan nuevos mecanismos para gravar servicios transfronterizos y actividades económicas que pueden desarrollarse sin presencia física en el país donde se encuentran sus consumidores.
El sistema tributario internacional se construyó considerando que para que un país pudiera gravar determinadas utilidades empresariales debía existir un vínculo físico suficiente, a través de un establecimiento permanente. Esa lógica correspondía a una economía en la que hacer negocios en otro país generalmente requería oficinas, fábricas, almacenes, sucursales o trabajadores.
La economía digital modificó esa realidad, pues hoy una empresa puede obtener ingresos significativos de consumidores mexicanos sin contar necesariamente con instalaciones físicas equivalentes a las que requerían los modelos empresariales tradicionales. Plataformas digitales, servicios de intermediación, publicidad en línea, procesamiento de datos, contenidos digitales, servicios financieros tecnológicos y otras actividades pueden generar valor a partir de millones de usuarios localizados en un territorio sin necesitar una presencia material proporcional a los ingresos obtenidos.
Por ello, es necesario analizar el concepto de “presencia económica significativa” y la posibilidad de reconocer factores adicionales a la presencia física para determinar dónde existe un vínculo fiscal suficiente. Bajo determinadas condiciones objetivas, una empresa que alcance ciertos niveles de ingresos, usuarios, operaciones o generación de valor dentro del país podría establecer un nexo fiscal aun cuando no tenga un establecimiento físico permanente en el sentido tradicional.
Pero una regulación mal diseñada podría aumentar costos para consumidores mexicanos, generar doble tributación, inhibir inversiones o entrar en conflicto con tratados internacionales, por lo que necesitamos participar activamente en la construcción de las nuevas reglas multilaterales.
La cooperación internacional será indispensable. Ningún país puede enfrentar por sí solo estructuras empresariales que operan simultáneamente en decenas de jurisdicciones. Necesitamos intercambio automático de información, transparencia sobre beneficiarios finales, cooperación entre administraciones tributarias y reglas más eficaces contra el traslado artificial de utilidades y los flujos financieros ilícitos.
El mundo está cambiando y las reglas fiscales tendrán que cambiar con él. La gran discusión internacional de los próximos años será cómo distribuir justamente la potestad de gravar una economía en la que el capital, los servicios, los datos y las utilidades pueden cruzar fronteras en segundos.
La soberanía fiscal del futuro dependerá de nuestra capacidad para entender estos nuevos retos y garantizar que quienes obtienen beneficios de nuestra economía contribuyan de manera justa al desarrollo del país, independientemente de si su presencia se encuentra en una fábrica, en una oficina o en una plataforma digital.
