El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó una nueva ola de controversia al sugerir públicamente el uso de escuadrones de fusilamiento para ejecutar a reclusos en casos donde los protocolos tradicionales de inyección letal hayan fallado.
Los comentarios del político republicano se dieron tras la fallida ejecución de Christa Pike, donde el personal médico no logró canalizar las vías intravenosas requeridas antes de que expirara la orden judicial.
Trump calificó la suspensión del procedimiento como una falta de carácter del sistema penal y argumentó que el uso de armas de fuego resultaría en un método más rápido, directo y eficaz para aplicar la pena capital.
Sus declaraciones reavivaron de inmediato un severo debate legal y ético entre organizaciones defensoras de derechos humanos y juristas en Estados Unidos, quienes advirtieron sobre los riesgos constitucionales de recurrir a ejecuciones sumarias.
