La organización internacional Human Rights Watch (HRW) solicitó a los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos transparentar los fundamentos jurídicos que sustentaron la interceptación y destrucción de ocho barcos pesqueros ecuatorianos en el océano Pacífico.
El informe de la ONG señala que entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre, fuerzas de combate estadounidenses destruyeron las naves y detuvieron a 140 de los 160 marineros a bordo. De acuerdo con el reporte, ninguna de las dos naciones ha presentado pruebas contundentes que vinculen directamente a los trabajadores con actividades delictivas.
Posterior a las intervenciones marítimas, 90 marineros fueron sometidos a procesos penales, 14 no fueron presentados formalmente ante una autoridad judicial y el resto quedó en libertad, luego de que la Armada ecuatoriana rescatara a otros 20 tripulantes.
«Afectados denunciaron haber sufrido golpizas y amenazas para declararse culpables de tráfico de combustible, además de ser forzados a firmar documentos sin comprender su contenido», advirtió Human Rights Watch.
Por su parte, las autoridades de Estados Unidos sostuvieron que las embarcaciones funcionaban como centros flotantes de reabastecimiento para lanchas dedicadas al narcotráfico, presuntamente asociadas con la estructura criminal «Los Choneros» y sus nexos con cárteles internacionales.
