A mes y medio de su ingreso al penal de máxima seguridad del Altiplano por su presunta implicación en el caso Ayotzinapa, el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, obtuvo una suspensión de oficio y de plano que frena cualquier medida de incomunicación en su interior.
Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, ordenó a las autoridades penitenciarias garantizar de inmediato el contacto del exmandatario con sus familiares y abogados defensores, además de permitirle realizar llamadas telefónicas para recibir asesoría jurídica. El centro federal cuenta con un plazo improrrogable de veinticuatro horas para comprobar el acatamiento de la medida.
El exgobernador fue vinculado a proceso el pasado mes de agosto por el delito de desaparición forzada de personas, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo señalara directamente de haber ordenado la ocultación de evidencia clave durante los hechos ocurridos en su mandato.
La defensa del político recurrió a la protección judicial tras denunciar restricciones indebidas en su reclusión, lo que motivó la intervención del juzgado federal para salvaguardar sus garantías procesales mientras avanza el proceso penal en su contra.
