Durante la administración de Joe Biden, el Departamento de Justicia suspendió las ejecuciones con pentobarbital tras una revisión oficial que alertó sobre el potencial de causar «dolor y sufrimiento innecesarios».
La medida se adoptó luego de que expertos señalaran que el fármaco puede provocar edema pulmonar, una acumulación de líquido en los pulmones que genera una severa sensación de asfixia en los condenados.
El informe gubernamental concluyó que persistía una incertidumbre significativa sobre si el uso de este barbitúrico como inyección letal de un solo fármaco garantizaba un trato plenamente humano durante el procedimiento.
Ante este panorama, la administración anterior optó por frenar las aplicaciones federales que se habían impulsado fuertemente entre 2020 y 2021, periodo en el que se utilizó este compuesto en trece ejecuciones.
Sin embargo, tras el regreso de Donald Trump al poder, el Departamento de Justicia autorizó nuevamente su uso en 2026 para retomar las inyecciones letales a nivel federal, a pesar de que el debate médico y legal sobre su crueldad sigue latente.
