Un juez federal ordenó a la administración de Donald Trump entregar en un plazo máximo de 14 días la justificación legal que respalda los ataques militares contra lanchas en altamar. La medida busca esclarecer el sustento jurídico de operaciones que han provocado un fuerte escrutinio internacional y demandas de organizaciones civiles por el uso de fuerza letal.
Los ataques militares contra lanchas, foco de la demanda de transparencia y del escrutinio judicial, ocurrieron principalmente en aguas internacionales del mar Caribe y del océano Pacífico oriental, en el marco de operativos antidrogas impulsados por Estados Unidos. Estas acciones se han extendido hacia zonas marítimas cercanas a las rutas de navegación de América Latina, generando tensiones diplomáticas con países de la región y denuncias por parte de organizaciones civiles debido al uso de fuerza letal.
El litigio se centra en un dictamen confidencial de la Oficina de Asesoría Legal, el cual argumenta que los operativos responden a un marco de conflicto armado. No obstante, defensores de derechos humanos exigen que el documento sea público para garantizar la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo en misiones extraterritoriales.
Hasta ahora, la administración estadounidense se ha negado a revelar los detalles bajo el argumento de seguridad nacional. Este ultimarcum judicial pone a prueba la opacidad del gobierno y abre la puerta a un mayor control sobre sus directrices militares.
De cumplirse el plazo sin una respuesta satisfactoria, el gobierno federal enfrentará mayores sanciones procesales y un desgaste ante los tribunales. El fallo representa un revés significativo para las políticas de secretismo implementadas en estas operaciones marítimas.
