El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció una nueva oleada de medidas de bloqueo económico impulsadas por el Gobierno de Estados Unidos, las cuales eliminan los viajes de intercambio «pueblo a pueblo» y reducen drásticamente las licencias para actividades académicas e investigativas entre ambas naciones.
El paquete de restricciones impone un mayor cerco al sector privado y financiero de la isla, al prohibir de forma explícita que las entidades privadas cubanas realicen negocios directos con firmas o bancos estadounidenses. Asimismo, la administración norteamericana eliminó el uso de las transacciones financieras tipo U-turn —operaciones en dólares que pasan temporalmente por el sistema bancario de EE. UU.— y prohibió cualquier operación indirecta con los organismos incluidos en la lista de entidades restringidas del Departamento de Estado.
Desde La Habana, el jefe de la diplomacia cubana señaló que las disposiciones buscan asfixiar el proceso de reformas y transformaciones económicas en la isla, afectando tanto al sector estatal como al emergente sector privado. La denuncia ocurre un día después de que el Secretario de Estado estadounidense afirmara públicamente que la economía cubana había colapsado, lo que según la cancillería caribeña evidencia una contradicción al aplicar mayores sanciones coercitivas.
