La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó formalmente al Parlamento una reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, con el objetivo de avanzar en la despenalización de ciertas conductas y fomentar la convivencia democrática en el país suramericano.
A través de un documento difundido recientemente, la mandataria explicó que esta iniciativa forma parte de los esfuerzos gubernamentales para transformar el sistema de justicia penal y reconstruir la confianza en las instituciones del Estado, solicitando al órgano legislativo un análisis con carácter de urgencia.
La normativa original fue aprobada en noviembre de 2017 por la extinta Asamblea Nacional Constituyente a petición del entonces presidente Nicolás Maduro, tras una ola de masivas protestas antigubernamentales, estableciendo desde entonces penas de hasta 20 años de cárcel por delitos de odio.
Organizaciones no gubernamentales y sectores opositores han criticado duramente esta legislación a lo largo de los años, señalando que ha funcionado como un instrumento punitivo para perseguir la libertad de expresión y sancionar expresiones críticas contra las autoridades.
