El Departamento de Estado de los Estados Unidos prohibió la entrada a su territorio al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, tras acusarlo de haber aceptado sobornos procedentes del narcotráfico para favorecer a redes delictivas e impedir su juzgamiento ante las autoridades correspondientes.
La medida disciplinaria y diplomática implementada por la administración estadounidense se extendió además a una lista de 20 funcionarios del gobierno boliviano, a quienes también se les revocó la visa y se les aplicaron restricciones severas de viaje bajo cargos de corrupción y complicidad con el crimen organizado.
El anuncio representa un fuerte golpe a las instituciones de justicia bolivianas y escala de forma significativa las tensiones bilaterales en materia de seguridad regional, mientras Washington endurece sus acciones de fiscalización contra el lavado de dinero y la impunidad en la lucha contra el narcotráfico.
