El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas «Tommy» Pigott, formalizó una nueva política de restricciones de visado dirigida a sancionar a exautoridades y ciudadanos extranjeros que atentan contra el estado de derecho y la estabilidad democrática en el Hemisferio Occidental.
Como punto central del anuncio, las autoridades norteamericanas designaron de forma pública bajo la Sección 7031(c) al actual Fiscal General de Bolivia, Roger Mariaca, señalado por incurrir en abuso de sus funciones al presuntamente aceptar sobornos para favorecer el narcotráfico e instaurar mecanismos de impunidad criminal.
A la par del caso de Mariaca, el gobierno estadounidense ejecutó la revocación de visas y la inelegibilidad de ingreso a otros 21 ciudadanos bolivianos junto con sus núcleos familiares, incluyendo en la lista a:
- Martín Daniel Irusta Flores, Fiscal Superior.
- Albania Chane Caballero Saavedra, Jueza Investigadora Anticorrupción en Santa Cruz.
- Alberto Zeballos Flores, Fiscal Titular de Santa Cruz.
- Rosario Ximena Flores Paniagua, Jueza de Instrucción Penal.
- Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional.
- Alvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, Fiscal Superior y exfiscal departamental.
- Israel Ramiro Campero Méndez, Magistrado Constitucional.
- Alberto Samuel Soto de la Via, ex presidente ejecutivo de la Aduana Nacional.
- Iván Ramiro Campero Villalba, ex magistrado suplente de la Corte Suprema.
- Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez de Instrucción Penal.
- Frans William Cabrera Quispe, Coronel de la Policía Boliviana.
- José Luis Iriarte Cussi, empresario del sector privado.
Las sanciones amparadas en la iniciativa «Escudo de las Américas» alcanzaron también a figuras políticas y empresariales de otros países sudamericanos:
- Colombia: Se fijaron restricciones de visado a la senadora Martha Isabel Peralta Epieyu, integrante del Pacto Histórico, y al empresario Euclides Antonio Torres Romero, propietario de firmas del sector energético y vial.
- Ecuador: Dos ciudadanos y sus familias perdieron el visado por actividades que atentan contra la gobernabilidad.
- Perú: Se revocó la entrada al país norteamericano al juez del Tribunal Constitucional Juan Carlos Núñez Matos.
«Los funcionarios corruptos y los criminales a quienes protegen no son bienvenidos en Estados Unidos. El uso de cargos públicos para facilitar el narcotráfico constituye una amenaza intolerable para la seguridad regional», afirmaron en una postura conjunta el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio.
