La Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia ratificó la decisión del Departamento de Guerra de los Estados Unidos de vetar e integrar fuera de su cadena de suministro gubernamental a Claude, la tecnología de inteligencia artificial desarrollada por la empresa Anthropic PBC. La sentencia, redactada por el juez de circuito Katsas, rechazó de manera íntegra las impugnaciones legales presentadas por la firma tecnológica.
Origen del conflicto
El litigio se originó cuando Anthropic se negó a flexibilizar sus políticas contractuales de uso que prohíben expresamente el empleo de Claude para la guerra autónoma letal y la vigilancia masiva doméstica. El Departamento de Guerra exigía una cláusula de «todos los usos legales» para garantizar la interoperabilidad de la IA en sus sistemas de defensa. Ante la negativa de la empresa, el gobierno declaró que el entrenamiento ético de Claude y sus restricciones creaban incertidumbre sobre su desempeño en operaciones militares críticas, representando un «riesgo para la seguridad nacional» bajo la Ley de Seguridad de la Cadena de Suministro de Adquisiciones Federales de 2018.
Resolución del tribunal
La mayoría del tribunal respaldó la postura del gobierno basándose en los siguientes puntos clave: se concluyó que el entrenamiento constitucional del modelo y sus salvaguardas pueden alterar o denegar funciones operativas solicitadas por las fuerzas armadas, lo que encaja en la definición legal de riesgo a la cadena de suministro; se determinó que la notificación rápida y la oportunidad de impugnación posterior otorgadas a Anthropic fueron constitucionalmente suficientes, dada la urgencia expresada por las autoridades de seguridad nacional.
La corte descartó que la exclusión fuera una retaliación por la postura ética o el discurso público de Anthropic, concluyendo que la medida obedeció estrictamente a la negativa de la empresa a aceptar un término contractual considerado esencial por el Pentágono.
Voto disidente
La jueza de circuito Karen LeCraft Henderson emitió una opinión disidente, argumentando que la Ley de Seguridad de la Cadena de Suministro para Adquisiciones Federales (FASCSA) fue concebida para proteger al Estado contra sabotajes, infiltraciones de actores maliciosos o ciberataques encubiertos, y no para sancionar la aplicación transparente de restricciones éticas contractuales asumidas por un contratista de buena fe.
