El caso de María del Carmen Abascal, una vecina de 87 años del distrito madrileño de El Retiro, ha conmocionado a España y desatado una ola de solidaridad y protestas masivas en diferentes ciudades del país. Maricarmen fue desalojada de su vivienda en la calle Alcalde Sainz de Baranda, un hogar en el que había residido durante más de 70 años y por el cual pagaba una renta antigua de 500 euros mensuales.
El conflicto legal comenzó en marzo de 2018, cuando la sociedad inmobiliaria Urbagestión Desarrollo e Inversión adquirió el apartamento y posteriormente exigió un incremento drástico en el alquiler, hasta cuatro veces superior a los ingresos de la inquilina, quien percibe una pensión de 1.300 euros. Tras agotar los recursos legales y pese a intentos de mediación institucional y ofertas de particulares de última hora, el desahucio se ejecutó, provocando que la afectada fuera trasladada al Hospital Gregorio Marañón debido a su delicado estado de salud.
La expulsión congregó a cerca de 10 mil personas en Madrid, según la Delegación del Gobierno, con réplicas en ciudades como Barcelona, Sevilla y Valencia. La movilización refleja la profunda frustración ciudadana ante la crisis habitacional en España, donde el precio del alquiler en la capital casi se ha duplicado en la última década, mientras que el valor del metro cuadrado para compra se disparó un 227,9 %, cifras que contrastan fuertemente con el salario medio.
El suceso también ha provocado un intenso cruce de reproches en la esfera política. Desde el Gobierno central se defendió que se intentó adquirir el inmueble para garantizar un alquiler asequible y se culpó a las administraciones locales, mientras que la presidencia de la Comunidad de Madrid atribuyó la ejecución a los cuerpos de seguridad estatales y a la legislación vigente. Por su parte, sectores de la coalición gubernamental han propuesto medidas urgentes como la congelación de rentas y la suspensión de desahucios mediante un Real Decreto Ley.
