Un juez federal con sede en Almoloya de Juárez programó para el próximo viernes a las 10:30 horas una audiencia privada por videoconferencia, en la que la defensa de Ernesto Ruffo Appel insistirá en la modificación de sus medidas cautelares para que el exgobernador de Baja California obtenga el beneficio de la prisión domiciliaria y abandone el penal federal del Altiplano.
El exmandatario estatal fue aprehendido en julio pasado por la Fiscalía General de la República (FGR), institución que lo señala como presunto líder de una red criminal enfocada en el contrabando de hidrocarburos operada mediante trenes de carga desde Estados Unidos hacia territorio nacional, un expediente judicial conocido públicamente como el caso del «huachicol ferroviario».
El pasado 19 de julio, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en su contra por los delitos de delincuencia organizada y actos ilícitos en materia de hidrocarburos, imponiéndole la prisión preventiva justificada. En aquella diligencia, sus abogados defensores intentaron frenar la medida carcelaria argumentando su edad —superior a los 70 años— y diversos problemas de salud; sin embargo, será este próximo viernes cuando un tribunal evalúe formalmente y por primera vez si es procedente otorgarle el arresto domiciliario.
Hasta el momento, tres de los coacusados en esta misma causa penal identificados como Juan Hermilo Chávez y los hermanos José María y Guillermo de la Peña Rosales, ya lograron obtener dicho beneficio procesal y enfrentan el proceso fuera de las instalaciones penitenciarias.
