Un memorando de la administración del presidente Donald Trump exime de responsabilidad legal a las empresas y particulares que causen la muerte accidental de especies protegidas, según un documento interno del Servicio de Pesca y Vida Silvestre del Departamento del Interior confirmado por la AFP. La medida elimina las sanciones por daños derivados de actividades industriales o comerciales como la pesca masiva, el tráfico marítimo y la tala de árboles.
La nueva directiva legal reinterpreta el alcance de la Ley de Especies en Peligro de Extinción (Endangered Species Act) al limitar el concepto de «daño» o «captura» (take) únicamente a conductas dirigidas con intencionalidad directa contra un animal específico. Bajo este criterio, situaciones como el golpe inadvertido de una embarcación a una ballena o el derribo de árboles con nidos de murciélagos protegidos dejarán de ser consideradas ilícitas si el objetivo principal de la actividad era comercial y no la caza explícita.
Organizaciones ecologistas como Oceana y el Center for Biological Diversity rechazaron fuertemente la resolución, advirtiendo que la mayoría de las especies amenazadas no sufren por la caza furtiva directa, sino por la destrucción de hábitats y la negligencia industrial. Grupos de conservación alertaron que especies al borde de la desaparición, como la ballena franca del Atlántico Norte, de la que quedan menos de 380 ejemplares golpeados frecuentemente por buques y redes, quedarán en un estado de vulnerabilidad extrema.
