Ante la práctica recurrente de políticos y funcionarios que obtienen reconocimientos académicos sin mérito real, la bancada del Partido Verde en el Senado propuso castigar con penas de hasta 12 años de prisión a quienes compren o comercialicen estos títulos.
La iniciativa, presentada por la senadora Karen Castrejón, busca frenar la entrega de doctorados honoris causa a cambio de dinero o donativos en especie.
La propuesta contempla sanciones de uno a seis años de cárcel para quienes ostenten el grado cuando este se haya obtenido mediante contraprestaciones económicas. También se prevén penas de dos a 12 años de prisión para las personas directivas o instituciones que ofrezcan, promuevan u otorguen dichos reconocimientos mercantiles.
En los fundamentos de la reforma se advierte que diversas investigaciones periodísticas han exhibido la proliferación de distinciones apócrifas que afectan la buena fe de la ciudadanía. Al respecto, especialistas de la máxima casa de estudios señalaron que estos falsos títulos carecen de validez oficial, implican cobros económicos y se entregan a personas ajenas a la trayectoria académica o científica que amerita dicha distinción.
