Más de 300 trabajadores surcoreanos detenidos durante una masiva redada migratoria el año pasado en una planta de fabricación de vehículos eléctricos de Hyundai en Georgia han iniciado una batalla legal contra el Gobierno de Estados Unidos, marcando la primera acción judicial importante derivada de una de las operaciones de control más grandes bajo la administración del presidente Donald Trump.
Abogados representantes de los afectados han comenzado a tramitar reclamaciones administrativas —un requisito previo obligatorio antes de interponer demandas federales— ante nueve agencias gubernamentales, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el FBI y los Departamentos de Justicia y Trabajo. La meta legal es que todas las solicitudes individuales queden ingresadas antes de concluir el año.
El operativo ocurrió el 4 de septiembre en Ellabell, Georgia, cuando cerca de 500 agentes federales, estatales y locales irrumpieron en el complejo industrial y arrestaron a 475 personas, en su mayoría ciudadanos de Corea del Sur. Documentos judiciales revelaron que la orden de registro original solo apuntaba a cuatro individuos, excluyendo a los trabajadores coreanos detenidos.
Varios afectados han denunciado detenciones ilegales sin explicaciones ni servicios de interpretación, uso de esposas, coacción para firmar documentos en idiomas que no comprendían y reclusión en celdas superpobladas.
En la primera reclamación presentada, un trabajador identificado como Kim relató haber sufrido condiciones degradantes durante siete días en un centro de detención del ICE, argumentando detención ilegal, abuso de proceso y daños psicológicos duraderos. Las demandas buscan indemnizaciones económicas por pertenencias confiscadas, salarios perdidos y afectaciones emocionales.
