El Gobierno anunció la finalización formal de todas las mesas de diálogo con los grupos armados y organizaciones calificadas como terroristas en el país. La decisión marca el fin definitivo de la política conocida como «Paz Total», señalada por la administración actual como un esquema fallido que únicamente sirvió para favorecer la expansión de la criminalidad y debilitar el accionar de las Fuerzas Armadas y la ley.
Durante el pronunciamiento, las autoridades criticaron severamente los mecanismos de la administración saliente, afirmando que las negociaciones otorgaron impunidad a la delincuencia. Se denunció que la figura de «gestores de paz» fue utilizada de manera recurrente para dejar en libertad a integrantes de estructuras criminales capturados por las fuerzas de seguridad, impidiendo que enfrentaran procesos judiciales formalmente.
Asimismo, se reveló que durante la implementación de dicho modelo se destinaros más de 7.000 millones de pesos en honorarios para voceros y equipos negociadores sin obtener resultados concretos en materia de pacificación. Con este anuncio, el Ejecutivo confirmó la revocación de estos nombramientos y el cierre definitivo del gasto público destinado a las delegaciones de diálogo.
