Los grupos armados ilegales en Colombia aumentaron un 90% durante la administración de Gustavo Petro (2022-2026), según un informe presentado por varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos.
El número de integrantes de estas bandas pasó de 15.120 en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026. El Clan del Golfo registró el mayor crecimiento con un 152%, logrando presencia en el 38,8% del territorio nacional. Las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aumentaron un 109%, mientras que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) creció un 22%.
Aunque las agresiones generales a líderes sociales cayeron un 12%, se registraron 618 asesinatos y las desapariciones forzadas subieron un 34%. Las organizaciones atribuyeron estos resultados al fracaso de la política de “paz total” por fallas metodológicas e institucionales para consolidar la presencia estatal.
