El Gobierno argentino de Javier Milei anunció que presentará nuevas denuncias penales contra empresas que desarrollan actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental de las islas Malvinas sin autorización oficial. Las acciones legales no solo afectarán a las personas jurídicas, sino que buscarán individualizar a directores, gerentes, administradores y representantes involucrados en las decisiones operativas.
El pronunciamiento ocurre un día después de que el Ejecutivo demandara ante tribunales federales a la petrolera israelí Navitas Petroleum, a sus subsidiarias británicas NPDP y NAPL, y a las canadienses JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. La empresa NPDP posee el 65% del proyecto offshore Sea Lion y, junto a la británica Rockhopper, tomó en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para extraer crudo a partir de 2028.
Además del proyecto Sea Lion y acuerdos de exploración en bloques vecinos como el PL001, las autoridades argentinas iniciaron procedimientos administrativos para sancionar a 60 empresas y accionistas vinculados a la explotación de recursos en el archipiélago, cuya soberanía disputan Argentina y el Reino Unido.
